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El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ha retrasado la fecha de finalización de la Ruta 32 en diez ocasiones durante los últimos cuatro años y medio.
Desde la orden de inicio para ampliar la carretera entre el cruce de Río Frío y Limón, emitida el 20 de noviembre de 2017, el pueblo limonense lleva esperando más de siete años para ver materializada la infraestructura.
Las labores comenzaron a pesar de la falta de conclusión en las expropiaciones y en los diseños de la obra.
La primera fecha establecida para la conclusión de la obra fue el 4 de octubre de 2020; sin embargo, no se cumplió.
Posteriormente, se programó el fin de los trabajos para el 27 de marzo de 2021, pero tampoco se hizo realidad.
En un tercer intento, el Conavi anunció la terminación de la obra en mayo de 2022, coincidiendo con el fin del gobierno de Carlos Alvarado Quesada. No obstante, la historia se repitió.
Siete de los plazos prometidos para la culminación de la carretera entre el cruce de Río Frío y Limón fueron anunciados durante la administración de Rodrigo Chaves Robles.
Las fechas límite divulgadas por el Gobierno corresponden a febrero de 2023, marzo de 2024, junio de 2024, diciembre de 2024, mayo de 2025, julio de 2025 y octubre de 2025.
Camino de espinas
El trámite burocrático para construir la vía hacia el Caribe se ha convertido en un camino de espinas desde hace doce años.
La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, firmó el 10 de octubre de 2013 el convenio con la República Popular China para ampliar a cuatro carriles la Ruta 32. El ambiente se tornó festivo entre los limonenses, quienes habían esperado esta noticia durante años.
Costa Rica suscribió un financiamiento por 395 millones de dólares con el gigante asiático bajo una condición: la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) debía ser la encargada de ejecutar las obras.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre los riesgos del crédito, señalando la ausencia de un contrato o convenio específico que detallara los derechos y las obligaciones de las partes.
La Asamblea Legislativa aprobó en febrero de 2015 el plan de empréstito. Tres meses después, la firma asiática anunció un costo mayor de las obras, en comparación al establecido inicialmente.
La supervisión está a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).
La Unidad Ejecutora (UE) reportó un avance cercano al 95%.
Señalamientos
Un informe de diciembre del año pasado, elaborado por la Unidad Ejecutora del Conavi, detalló una serie de señalamientos que tienen que ver con los retrasos que han tenido los trabajos en la vía.
El documento destacó “una lección aprendida”: la ausencia de “un control de avance que permita estimar la fecha de finalización del proyecto” y solicitó al contratista una planificación actualizada de fechas para el desarrollo del proyecto.
Otro aspecto indicado en el informe se relaciona con las expropiaciones. La evaluación menciona pagos del Estado por “millones de dólares” debido a reclamaciones.
De acuerdo con el informe de Conavi, CHEC actualizó el plan para concluir la obra el 31 de octubre de 2025 debido a “la falta de liberación total de las áreas necesarias para trabajar por diferentes motivos, como la reubicación de servicios y las expropiaciones”.
Con corte al 10 de diciembre, la Unidad Ejecutora RN32 no había aprobado el Programa de Trabajo, ya que la fecha de finalización propuesta “no es acorde con la fecha oficial de conclusión del proyecto”.
Según el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pablo Camacho Salazar, se debe esperar a la finalización de la obra para realizar las estimaciones finales sobre los costos económicos derivados de los retrasos.
Camacho manifestó como un escenario “prematuro” adelantar estimaciones preliminares, pero, una vez completado el proyecto vial, se podrá suministrar una proyección real de los costos.
Niveles de riesgo
El diseño de la obra podría generar afectaciones en la accesibilidad y movilidad de los vehículos, así como por acciones u omisiones constructivas en zonas y comunidades cercanas al proyecto.
También se han identificado molestias vecinales y manifestaciones organizadas por grupos de la comunidad, siendo más frecuentes en Pocora y Barrio del Carmen (Guácimo), B-Line (Matina), y Limón 2000 y Liverpool (Limón).
Además, Conavi reconoció problemas derivados de la falta de confianza y la deslegitimación del trabajo de Gestión Social, debido al incumplimiento de acuerdos entre la Unidad Ejecutora y la empresa contratista.
Por último, se han reportado inconvenientes con la señalización vial provisional, la cual podría provocar accidentes de tránsito.
Source
Greivin Granados
